La jueza Marta Elba Pascual, responsable de suspender por 60 días en la provincia de Buenos Aires la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil para menores desde los 14 años, brindó esta noche sus argumentos y negó que exista alguna motivación política detrás de su fallo.
“Nunca fui, ni seré Kuka. Soy garantista de la Constitución, que establece que la privación de la libertad debe ser la última opción”, afirmó la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
Asimismo, Pascual aclaró que no mantiene vínculo alguno con el sacerdote José María Di Paola, conocido como padre Pepe, quien presentó uno de los habeas corpus que motivaron la suspensión. “Nunca hablé con él”, aseguró la magistrada.
Para fundamentar su decisión, el tribunal tuvo en cuenta las inspecciones efectuadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora. Allí se estableció un límite máximo de 60 adolescentes alojados debido a que no se cumplen los estándares mínimos requeridos.
Según Pascual, aunque se reconocen avances en infraestructura, provisión de agua potable y alimentación, persisten deficiencias en el acceso efectivo a la educación, la formación profesional, el ámbito laboral y la limitación de los tiempos de aislamiento. Esta situación, afirmó, es recurrente en distintos dispositivos de la provincia, conforme a información suministrada por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
La jueza expuso sus argumentos en un plazo corto, apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la norma aprobada por el Congreso. “No estoy arrepentida para nada. Emití esta resolución a raíz de un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y, como yo tenía otro expediente abierto por las condiciones indignas de alojamiento en Lomas de Zamora, recayó en mí”, explicó en diálogo con A24.
Asimismo, enfatizó: “Esta es una medida cautelar con una suspensión por dos meses mientras se evalúan otras alternativas. No estoy en contra de la ley”.
Pascual puntualizó que la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil “no logrará terminar con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”. “Suspendí la ley 60 días porque no existen las condiciones necesarias para atender a los jóvenes”, agregó, aun cuando la norma fue sancionada a fines de febrero.
Al ser consultada sobre por qué, desde marzo, cuando la ley fue registrada, la provincia no realizó las obras edilicias que considera fundamentales, la jueza respondió: “No es mi función gestionar las instituciones para ponerlas en condiciones. Los recursos no están, y en la provincia me informan que no recibieron los fondos para llevar adelante la implementación”.
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Tras el fallo, el espacio político La Libertad Avanza (LLA) manifestó su rechazo y anunció que solicitará un juicio político para destituir a la magistrada.
Los libertarios acusaron que la decisión “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la impunidad que sufren los bonaerenses”, según indicaron en un comunicado.
Por ello, LLA informó que evalúa los “mecanismos” para promover el apartamiento de Pascual del Poder Judicial provincial.
En respuesta, la jueza sostuvo: “El diputado Pareja me inició un juicio político, pero lo hice desde mis convicciones para lograr mejores resultados”.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Pareja señaló: “Estamos molestos porque la política debe dar respuestas a la gente. El Congreso actuó responsablemente y, cuando sale la ley, algo la impide. Entendemos que hay prevaricato, un exceso en su función. Está haciendo futurología. Tampoco se tomó el tiempo para verificar si faltaba espacio para alojar a los jóvenes, cuando el penal 56 de La Matanza cuenta con 200 lugares disponibles”.
RN