El delito de abigeato continúa afectando a los ganaderos de Corrientes, especialmente a quienes operan en los departamentos fronterizos con Brasil. Según denuncian, en esa región actúan “mafias organizadas” y, como consecuencia de los constantes hechos delictivos, unas 60.000 hectáreas históricamente destinadas a la ganadería dejaron de producir o fueron reconvertidas a forestación.
La semana pasada, en la localidad correntina de Santa Tomé, se llevó a cabo una reunión entre representantes de la Policía provincial, Prefectura Naval Argentina y la Brigada Militar de Río Grande do Sul. Durante el encuentro, acordaron fortalecer el trabajo conjunto para enfrentar los robos de ganado que afectan a los productores de la zona fronteriza, especialmente en Santo Tomé y Alvear.
Según informó la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el principal objetivo fue analizar los casos de abigeato registrados en la costa del río Uruguay, particularmente aquellos que implican la participación de cuatreros provenientes de Brasil.
Productores consultados por Clarín Rural calificaron la frontera como una “zona caliente” en materia de abigeato, donde operan con frecuencia bandas organizadas de ambos países, principalmente en los departamentos de Alvear y Santo Tomé.
Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), afirmó que “en la frontera hay problemas muy graves” vinculados al abigeato. Explicó que, aunque el origen del problema se relaciona con el país vecino, también existen bandas organizadas en territorio argentino. En muchos casos, el objetivo no es solo robar el ganado, sino desplazar a los productores para liberar los campos y facilitar otros tipos de delitos. “A veces la vaca no es el interés principal, sino que el productor abandone la zona”, indicó Roldán.
Este incremento de casos en los últimos años —aunque “siempre hubo y habrá abigeato”, según el dirigente— provocó que varias áreas históricamente ganaderas dejaran de ser productivas. En la zona de la ruta 36 en Alvear, por ejemplo, en un tramo de 20 kilómetros casi no quedan vacas, ya que los productores abandonaron la actividad hace cinco o seis años debido a estos delitos. Esto afecta entre 20.000 y 40.000 hectáreas. En Santo Tomé se registra otro tanto, alcanzando un total de más de 60.000 hectáreas en la frontera que hoy están fuera de la producción ganadera o fueron transformadas en terrenos forestales, debido al cansancio por el robo y la matanza de animales, detalló Roldán.
Por su parte, Marco Grisetti, presidente de la Sociedad Rural de Santo Tomé, señaló que el departamento “está asediado por el abigeato desde hace más de 40 años”, aunque ahora “operan mafias organizadas”. Explicó que estas organizaciones cuentan con una logística e inteligencia superiores a las de las fuerzas de seguridad, e incluyen desde entrenadores de hacienda —a menudo reclutados dentro de los mismos campos por jefes mafiosos— hasta empresas de transporte, lugares clandestinos para faena y puntos de venta distribuidos estratégicamente. “Para que esto ocurra, todo el circuito debe estar muy aceitado”, afirmó. Los robos suelen ser de varios animales, a veces de jaulas enteras, generando faltantes significativos en los recuentos mensuales.
Según Grisetti, la costa del río Uruguay es un área especialmente afectada, con delincuentes probablemente provenientes de Brasil, aunque también no se descarta la participación de mafias locales. “En ocasiones se dan golpes importantes con faenas de entre siete y diez animales por vez, lo que genera grandes cantidades de carne que suelen trasladar en lanchas, contando con los recursos necesarios para ello”, agregó.
El dirigente remarcó que las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales carecen de la estructura necesaria para enfrentar esta problemática, señalando la falta de vehículos, tecnología y trabajo de inteligencia. Propuso que estas fuerzas deberían colaborar con los municipios para atacar el problema desde la base, cortando la cadena en las bocas de expendio y locales de faena clandestina, ya que “sin estas acciones, el flagelo no terminará”. Esta sugerencia ha sido planteada reiteradamente desde las sociedades rurales.
En la misma línea, Álvaro Pellegrini, productor ganadero de Santo Tomé e integrante del Foro de Seguridad Rural Argentino, afirmó que tras el cierre de un puesto de vigilancia de Prefectura en el Paraje Cuay Grande han aumentado los hechos de inseguridad. “El problema sigue vigente: continúa el robo de hacienda y hay poco control desde que se levantó el puesto de Prefectura cerca de nuestro campo”, explicó. Relató que, durante esta semana, se efectuó un operativo conjunto de la policía y Prefectura, pero advirtió que, sin presencia permanente, la zona continúa afectada. Pellegrini agregó que el puesto fue cerrado porque no estaba en condiciones habitables y “era más fácil destruirlo que repararlo”. Desde entonces, el 26 de agosto se faenaron ocho cabezas en un solo campo a 3.000 metros del lugar donde estaba ubicado el puesto, y al día siguiente se registraron dos casos más exactamente en ese sitio.